viernes, 15 de agosto de 2014

Confiscación de utilidades: Parte 2. ¿Son un derecho?

Cada vez más son las voces que se unen en protesta por la decisión del gobierno ecuatoriano de literalmente, apropiarse del porcentaje de las utilidades que reciben los trabajadores del sector de la telecomunicación. En este post no voy a discutir la ilegalidad de este proceder, pero esta imagen que circula en la red, lo explica perfectamente:




Ahora bien, entre aquellos contrarios a esta confiscación de recursos, se escucha mucho repetir que las utilidades son un derecho de los trabajadores, sin embargo, pocos cuestionan la ética de estas. 

Las utilidades se crearon en nuestro país, como un triunfo del "pueblo" (léase sindicatos) sobre la explotación del capital (si la retórica les suena conocida, es porque es la misma que maneja este gobierno y extrañamente ahora practica lo contrario). Juan Fernando Carpio, economista y catedrático de la USFQ, hace mucho tiempo ya, propuso incluso la eliminación de este concepto1 y lo explica así:

"El reparto de utilidades, en primer lugar casi no se cumple. Sólo las empresas más grandes, para las cuales evitar ese reparto ya no vale la pena pues no pueden deducir via gastos un monto significativo, pagan ese porcentaje. En segundo lugar, es un impuesto que no va al Estado, si no a los afortunados que trabajan en empresas grandes. Esto ocurre a costa de los desafortunados que trabajan en medianas y pequeñas empresas, pero sobre todo de quienes quedan desempleados por culpa de ese incentivo perverso. Es un incentivo perverso pues al castigar la generación de ganancias y riqueza, impide la expansión de la economía y la creación vigorosa de empleos. En tercer lugar, no existe en ninguna otra parte de Latinoamérica, y es un residuo de eras en que se veía al empresario como un “explotador” en vez de un creador de oportunidades. Puede reemplazárselo con una inclusión accionaria en la empresa para los trabajadores."

En Ecuador, y sobre todo en el campo de las telecomunicaciones, las empresas ya pagan inumerables impuestos y tasas que literalmente frenan el crecimiento de las mismas (menos recursos disponibles, menos inversión).

El Presidente Rafael Correa, justifica la confiscación, debido en parte a que según él, se pagan sueldos básicos; si pagaran mejores sueldos, los trabajadores no necesitarían de las utilidades. Esto parte de una idea que es parte cierta y parte mentira. Como bien lo probaron Claro y Movistar2 el 34% gana sueldos entre $1,000 y $2,000 al mes y 31% gana entre $677 y $1010, respectivamente. Nadie gana el sueldo básico. 



La parte cierta de su argumento, es que sin la carga que representan las utilidades (omite convenientemente la serie de pagos que las empresas deben realizar al Estado adicionalmente), los trabajadores no necesitarían de estas para mantener sus necesidades ni planificar sus presupuestos. Omite del debate las razones coyunturales de los bajos salarios que se dan principalmente en empresas pequeñas (y que son la mayoría del universo empresarial ecuatoriano): cerca del 85% de las empresas del mercado ecuatoriano son MIPYMES. 

Luego de los antecedentes mencionados y retomando la idea principal que me motivó a escribir este artículo, es el concepto de las utilidades como un derecho. Desde un punto de vista de nuestra legislación, lo es, un derecho de todos. Sin embargo no es ético, ni moral. Todos los trabajadores del mundo civilizado, reciben compensación o salario por su trabajo (incluso las prostitutas), la esclavitud ya fue abolida en casi todas partes. Crear una empresa representa un riesgo alto, (el porcentaje de fracaso es elevado3), y en otras partes del mundo,  los empresarios que deciden invertir, buscan asociarse, para esto recaudan capital a través de la venta de acciones, que el comprador adquiere bajo la premisa de obtener parte de las ganancias (y también ser parte de las pérdidas) de la empresa. Se vuelven accionistas o co-propietarios. Ese es el concepto clave de utilidad, para quien decidió asumir un riesgo en la parte más frágil del nacimiento de una empresa, y premiar además la constancia de ese apoyo y el riesgo siempre presente de que lo puede perder todo si la empresa falla. 

El trabajador no atraviesa ninguno de esos riesgos. ¿Por qué debe recibir los mismos beneficios? Si la empresa falla, el trabajador en cambio no asume las pérdidas, simplemente, pierde un trabajo (por el que ya fue remunerado), y puede buscar otro, por el que no debe invertir en su creación nuevamente.

Hablar de expandir el derecho de las utilidades de los trabajadores como hacen algunos colectivos hoy, es perpetuar esta inmoralidad e irrespeto hacia aquellos que decidieron, no solo hacer dinero, sino dar trabajo a miles de personas. Las utilidades deberían ser eliminadas, no transferidas al Estado, al tiempo también de eliminar muchas otras cargas empresariales. Así, con el tiempo, se irá creando una cultura de bonificaciones por desempeño, y mayor participación de las personas en el mercado accionario.

La próxima vez que se pregunten por qué los sueldos son bajos, volteen su mirada hacia la presión asfixiante que ejerce el Estado al empresario, este último no es ningún demonio4, es un creador de oportunidades y riqueza. Solo a través de mayor inversión masiva en capital (maquinaria, infraestructura) que logre elevar la productividad a gran escala, solo y solo si ocurre eso, el trabajador gozará de mejores sueldos.


1 http://jfcarpio.com/ecuador-6-reformas-para-desatar-el-crecimiento/
2 http://www.eluniverso.com/2014/08/08/infografia/3332966/operadoras-exponen-sobre-salarios-e-inversion
3 http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/ochentapy.htm
4 http://site.informadorpublico.com/2014/06/17/carta-de-un-millonario-al-papa-francisco/

Agradecimiento especial a Gabriela Franco, estudiante de economía de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, por su contribución en este artículo.

sábado, 2 de agosto de 2014

La confiscación de las utilidades de las empresas del sector telecomunicación

En estos días se discute mucho el tema de la confiscación de las utilidades de las empresas privadas de telecomunicaciones, sobre todo Claro y Movistar, bajo algunos argumentos entre los que destaco: 1.) Generan demasiado dinero que no contribuye a la riqueza de todos los ecuatorianos, 2.) Que utilizan un recurso natural "no renovable". 

Sobre el primer punto, las utilidades que las empresas de las telecomunicaciones producen, sí generan riqueza a todos los ecuatorianos, en el propio servicio que estas prestan. Gracias a las comunicaciones, TODAS las empresas del país, pueden ser más productivas, generar recursos y trabajo, que a su vez dinamizan las economías de todos sus participantes. Aquí, ya se está generando riqueza. Se invierte además, en infraestructura, para mantener y mejorar la existente (las antenas, torres transmisoras, servidores, switches, etc, no se construyen a partir del aire y sin costo). Toda esta infraestructura a su vez añade valor a todo el aparato productivo, y todos nos beneficiamos de esta (incluso si no eres de Claro, o viceversa, pues ambas empresas se alquilan infraestructura en muchos casos). Aparte de esto, el dinero extra que las empresas reparten a sus trabajadores, son utilizados por estos a su vez en generar más riqueza, sea esta a través de consumo beneficiando a terceros, o en inversión (pago de estudios, etc) incrementando su propio valor como capital humano. Así, todo se trata de un engaño, palabras que se oyen bonitas pero inspiradas en falsedades. Las utilidades no son dinero ocioso que no forma parte del sistema y que hay que traer de vuelta.

El segundo punto, la propia Corte Constitucional, ya dictaminó que el espectro radioeléctrico, NO es un recurso natural no renovable, y este punto es clave, dado que el art. 328 de la Constitución dice claramente que solo permite limitar la participación en utilidades cuando se trate de recursos no renovables, tal como ya ocurrió con la participación de las utilidades de las petroleras (si esto es ético o no, es discusión aparte). 

El Estado, ese monstruo insaciable de recursos y dinero, ya cobra impuestos por la actividad de estas empresas (y a su vez, a ud también, lector). El Estado también cobra un valor cuando negocia la concesión del espectro por un número de años. Ahora tratan de dejarles sin utilidad alguna, eliminando cualquier incentivo para desempeñarse en el país (recordar algo que los socialistas jamás entenderán: el mercado es la interacción humana de oferta y demanda con el objeto de satisfacer mútuas necesidades y obtener mútuo beneficio). Los únicos perjudicados seremos los ciudadanos, cuando la calidad de los servicios decline aún más ante este escenario. Al final, quizás ese sea el objetivo, que el Estado expropie todo el espectro radioléctrico y lo concesione a un único participante (CNT), así se queda con toda la tajada del pastel.