Ley de Discapacidades, seguros privados, públicos y las enfermedades preexistentes

En la nueva Ley de Discapacidades aprobada y publicada en Septiembre del 2012, en su art. 25, trata de legislar sobre el tema de las enfermedades preexistentes y los seguros de vida y salud. Y digo “trata”, porque es el único artículo, que menciona éstas, en un cuerpo legal de 117 artículos, 9 disposiciones generales, 19 transitorias y 17 reformatorias/derogatorias.

Falla terriblemente, pues cubre únicamente el caso de los seguros PRIVADOS (con dedicatoria) y deja sin tocar al IESS y las afiliaciones voluntarias. Falla terriblemente pues, al igual que el resto de esta ley, no es de conocimiento de la ciudadanía, ni siquiera de las entidades públicas o privadas que se suponen deben cumplirla (como lo expuse en mi artículo publicado en Enero 29 del 2013 http://www.saberciudadano.com/2013/01/ley-muerta-para-el-estado.html)

Así lo descubrí yo (sufro de Osteogénesis Imperfecta tipo III), así lo descubrió Gabriela (@la_chica_velcro), quien padece Esclerósis Múltiple, y muchísimas otras personas con cuadros clínicos severos o no, pero que lo padecen desde antes de afiliarse al IESS, en el caso particular de la afiliación voluntaria. Y es que, su reglamento, pide que el afiliado declare las enfermedades preexistentes durante la afiliación voluntaria, para entrar en un período de 3 años durante los cuales no puede recibir atención relacionadas con estas. Todo esto pese a que el art. 83 de la Ley de Discapacidades, indica: El Estado garantizará la accesibilidad de las personas con discapacidad a la afiliación voluntaria, con los mismos servicios y beneficios que la afiliación voluntaria general. Sin requerimiento del examen médico.

Felizmente para Gabriela, gracias a la lucha constante de su madre y amigos, ha logrado que el IESS a regañadientes le suministre la medicación, de la que depende su salud y su vida.  Este no es el caso de un sinnúmero de personas quienes quedan desamparados y por quienes ella lucha, por una reforma al reglamento, el cumplimiento de esta Ley y su reforma para que incluya al sistema de seguridad social público.

Los seguros privados, actualmente también incumplen esta Ley, gracias a ese mal concebido artículo 25 que convierte en beneficencia a los seguros privados (con lo cual la evasión al cumplimiento es obvio que ocurriría), a diferencia de EEUU donde también los seguros tienen prohibido discriminar enfermedades preexistente, sin embargo están permitidos de aumentar el valor de las primas en compensación (son, después de todo, un negocio)

Es hora de crear conciencia, a través de los medios, y ustedes ciudadanos, de que este es un problema que afecta a miles, que soluciones reales son necesarias. Es realmente vergonzoso, que un sistema de salud, leyes, y constitución que dicen ser “inclusivas”, en la práctica son excluyentes y son sólo un modelo propagandístico del “buen vivir” y capital político del gobierno. La gente que padece de diabetes, insuficiencia renal, EM, etc, y que dependen de la afiliación voluntaria, no pueden seguir en el limbo jurídico. Este es un tema que atañe no solo a quienes tenemos alguna enfermedad, sino también a quienes estando sanos, aún no cuentan con una afiliación (privada o estatal). La salud no la tiene comprada nadie. La salud no espera.

Nueva Ley de Inquilinato: Viva el Socialismo, viva la pobreza

Está por ser aprobada, por el Presidente del Ecuador, una nueva Ley de Inquilinato que entre otras cosas, restringe el derecho del propietario a fijar rentas, y obliga a que el Municipio asuma competencias que deberían permanecer en el ámbito privado.

 

Voy a tocar en este post únicamente el tema de la fijación del techo máximo de las rentas que el propietario puede pedir por el alquiler de un inmueble. Este establece que deberá ser de máximo el 10% del avalúo dividido para 12 (por cada mes del año), cuyo resultado es el canon mensual.

 

En Guayaquil, los avalúos (catastrales y comerciales) están entre los más bajos del Ecuador, y conozco casos puntuales de personas y familias (todas de clase media) que se verán afectadas por esta decisión, dado que sus ingresos caerán en un 60%.

La familia de una amiga de mi madre, apenas subsiste con los arriendos de un departamento. Lo va a tratar de vender y emigrar. Ya no le ve sentido tener una casa para alquiler.

Otro caso es lo que sucede con una tía mía, ya mayor de edad, quien con el fruto de toda una vida de trabajo, construyó una casa y alquila a diferentes locales y oficinas. Con el usufructo, se mantiene ella, y ayuda a 2 familias cercanas (la viuda de un hermano de ella y sus 3 hijos); y la mía, a vivir sin preocuparnos de qué vamos a comer mañana.

No somos ricos, tenemos deudas comerciales igual que el resto de la clase media ecuatoriana, deudas que son producto no de lujos, sino de necesidades: ropa, medicinas (soy discapacitado y requiero medicinas constantes y ciertos cuidados especiales, y mi padre también por ser hipertenso), y servicios básicos.

 

Con esta ley, los ingresos de ella y de otros se verán reducidos drásticamente (al 40% de lo actual), ya no podrá ayudarnos más. Tendremos que empezar a preocuparnos, qué vamos a comer mañana, ni qué se diga, pensar en ver cómo conseguimos medicinas. Nadie en nuestra familia depende del Estado, no recibimos bono, ni asistencia social, pero estoy seguro eso cambiará para muchos.

 

No será rentable tener un inmueble y alquilarlo. La gente querrá vender sus propiedades, nadie querrá comprarlas. Los precios de los bienes se desplomarán, el mercado inmobiliario empezará su lenta pero segura destrucción, dado que aquellos que no puedan venderlos, no podrán ni costear reparaciones o mantenimientos. Ya no seremos como Cuba en lo político-económico únicamente, también visualmente.

 

Escribo esto, como una forma de catarsis, para hacer que algunos que tal vez no comprenden las magnitudes de ciertas medidas, lo entiendan. Creen afectan a ricos, o que protegen a los pobres, la realidad es muy distinta. Nos afectan a todos quienes hemos hecho algo por la sociedad: No ser una carga para esta.