jueves, 8 de mayo de 2008

Servicios Privados sin Control… Perfecta excusa para impulsar la Estatización de Empresas.

Luego de la noticia de que el Gobierno negaría la renovación del contrato con la operadora de telefonía celular, Porta, muchos ciudadanos veíamos con preocupación el que la empresa quedara en manos estatales, mientras muchos más se alegraban bajo el argumento de la falta de calidad en el servicio, y la poca inversión en relación a las grandes ganancias percibidas por la compañía.

Durante este impase en las negociaciones salió a la luz nuevamente los errores en facturación y declaraciones de impuestos presentadas al SRI por esta operadora celular, que al parecer ha ocultado ganancias para no declarar impuestos, práctica común en nuestro medio corrupto.

Ante estas fallas tremendas, cabe recalcar, ¿Quién controla? Cuando al Estado solo le interesa recibir el dinero por la concesión, se vuelve juez y parte. ¿Cómo puede controlar un ente público, la Suptel o el SRI, hacer cumplir las leyes, que haya calidad de servicio, cumplimiento de pagos de impuestos, etc. en este escenario? El que paga es el usuario y el país. La telefonía celular en nuestro país es deficiente, pese a que genera $250 millones en el primer trimestre de este año, en una sola operadora, según cifras de dominio público.

El mismo caso ocurre en el servicio de acceso a Internet y televisión pagada. Deficiencia en el servicio, cortes continuo de 2 a 3 veces por semana que duran 5-8 horas, y ninguna compensación al cliente, ninguna disculpa, ningún aviso. ¿Quién los controla?

Este descontrol rampante es la perfecta excusa para que izquierdistas y socialistas vean como viable la reversión de las privatizaciones de estas y otras entidades que controlan bienes del estado. Sin embargo, nadie parece atacar el problema de fondo. La corrupción. El origen del descontrol mismo, y causante de lo que podrían muchos calificar como un “fracaso del capitalismo”. La verdad es, que en ningún parte del mundo, el capitalismo o la democracia, podrán ser reales en un país arraigado hasta lo más profundo de sus raíces por entidades y personas corruptas.